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En el BOE del sábado 17 de febrero de 2024, se publica la reforma del artículo 49 de la Constitución Española que ahora reza así…

«1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

Si bien, y tal y como recoge el preámbulo de la reforma, el anterior precepto «situó en su día a España en la vanguardia de la protección de este colectivo, al reconocerles expresamente la plenitud de los derechos previstos en el Título I de la Constitución y establecer un mandato de protección dirigido a todos los poderes públicos. Por otra parte, el mencionado artículo ha desplegado una notable influencia en la actuación de los poderes públicos y ha sido objeto de un considerable desarrollo legislativo».

Así, la protección de las personas con discapacidad ha sido impulsada por el Derecho Internacional, especialmente por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008.

La legislación interna, tanto estatal como autonómica, se ha adaptado a la normativa internacional, destacando la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.

Asimismo, recientemente, se han aprobado la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, y la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Por lo tanto, se propone la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para que este precepto refleje los valores que inspiran la protección de las personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional, y vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de estas personas en España.

La reforma del artículo 49 de la CE entró en vigor el mismo día de publicación en el BOE, el 17 de febrero de 2024.

Fuente: Iberley

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