Imagen: web de FESABID
 

Javier de la Cueva lleva años analizando las intersecciones entre derechos de propiedad intelectual y ciencia abierta y la importancia del software libre para la construcción de una ciudadanía digital. Entre sus últimos trabajos podemos destacar Open Science and Intellectual Property Rights. How can they better interact? State of the art and reflections. Report of Study (Comisión Europea, 2022), The Paradox of Efficiency: Frictions Between Law and Algorithms (2022) y Activismo bibliotecario y desobediencia civil (2021). El 21 de marzo se reunió con el grupo de Propiedad Intelectual de FESABID, en una sesión coordinada por Isabel Bernal (CSIC) y Cristina Tomás (UV), donde se conversó de ciencia abierta, de propiedad intelectual, y del derecho de acceso y reutilización de la ciudadanía al progreso científico…

Este es un resumen de la sesión.

Isabel Bernal (IB): En los últimos años FESABID ha trabajado intensamente en temas de ciencia abierta. Hemos generado numerosos materiales de divulgación, como las infografías sobre acceso abierto, datos abiertos, o minería de textos y datos. Además, en el sector de las bibliotecas, archivos y museos nos sentimos muy sensibilizados por el enfoque que contempla la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, en el sentido de una ciencia colaborativa, donde los procesos de generación de conocimiento y los resultados están libremente accesibles para toda la sociedad, por transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, pero sobre todo para fomentar su reutilización. Este enfoque choca con un marco de propiedad intelectual en que aún impera la visión individualista, exclusiva y proteccionista del derecho de autoría individual.

Cristina Tomás (CT). Para entrar en materia: según los artículos 51 Ley de Propiedad Intelectual y 35 de la Ley de la Ciencia se entiende que  “pertenecerán a la entidad a las que esté vinculado dicho personal de investigación”. En general, cuando hablamos de publicación en abierto, el debate gira en torno a la titularidad de los derechos de autor entre editores y autores, y no se menciona a la entidad a la cual está vinculada la persona investigadora. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es un tema pendiente no resuelto o por el contrario no tiene fundamento?

Javier de la Cueva (JC): Debemos empezar por repensar conceptos que tenemos muy integrados, como la autoría o la propiedad. Falta un análisis riguroso sobre en qué consisten los resultados de la investigación. Y es que bebemos de una tradición legislativa donde se presume que el poseedor de un bien tiene condición de propietario, lo cual no siempre es cierto. Además, la información digital complica la titularidad de los derechos con respecto a los bienes digitales y hay que verificar muy bien de qué estamos hablando. No es parangonable el carácter patrimonial de los bienes físicos con el carácter patrimonial de los bienes digitales en un contexto de conocimiento científico. Porque por encima de todo la esencia de la ciencia viene marcada por su carácter dinámico, e implica la potestad de acceder a los resultados y llevar a cabo los procesos necesarios para su verificación; hablamos de procesos que por su propia naturaleza se originan sobre elementos anteriores a ellos. 

En este sentido, también hay que repensar el carácter patrimonial de la investigación científica. Por ejemplo, si aplicamos ese principio a una base de datos de artículos científicos, enseguida entenderemos que las cosas son más complejas. El fabricante de esa base de datos está percibiendo ingresos por obras que no ha escrito ni publicado, ordenadas en una taxonomía que tampoco ha inventado, y a menudo en un software que tampoco ha creado. ¿Qué sentido tiene permitir que explote esa base de datos, especialmente cuando las obras que contiene sirven a un interés mayor, que es el progreso científico? Se trata de la apropiación de lo que los juristas conocemos como “res extra commercium”, de obras que por su interés para la humanidad no deberían formar parte de lo que puede ser objeto de comercio.

Ciro Llueca (CL): Pero justamente el principio de neutralidad tecnológica ha sido reivindicado por el sector de bibliotecas, archivos y museos, para defender que cumpliendo con los requisitos de proporcionalidad de los límites, se debe poder actuar igual en el contexto analógico que en el digital. Por ejemplo: en las aulas digitales, o con el préstamo de ebooks, o con el acceso a obras para personas con discapacidad. 

JC: Efectivamente. Pero en las bases de datos, que cuentan con un derecho sui generis, no podemos aceptar sin más que alguien manifieste su titularidad sobre los contenidos de la base de datos para creerle (por ejemplo, si contiene datos personales, éstos son de sus titulares y no de quien produjo la base de datos, y si contiene datos públicos, éstos son reutilizables dada su naturaleza jurídica). Es necesario aplicar una capa de escepticismo ante la simple posesión de esas obras, sean artículos científicos, datos, u otro tipo de obras. España y el resto de países de la UE deberían prohibir la apropiación de bienes comunes. O, al menos, que el producto resultante de esa apropiación no esté recompensado ni protegido. 

Cristina Tomás (CT): Te refieres a la protección sui generis a favor de los fabricantes de bases de datos. 

JC: Exacto. Si bien considero que deberíamos dejar de hablar de que los derechos de autor protegen a los autores; lo que hacen es regular la propiedad intelectual, de la misma manera que el Código Civil no protege el matrimonio, sino que lo regula. 

CT: Hablemos de la Ley de la Ciencia, la LOSU y otros textos legales que parecen fomentar la ciencia abierta. En ocasiones, desde el colectivo de bibliotecas universitarias o académicas vivimos la situación con frustración: promovemos el acceso abierto pero contribuimos a financiar las grandes plataformas editoriales; la misma Ley de la Ciencia no habla de compartir en abierto, sino de “depositar” en “repositorios de acceso abierto”. ¿Cuál es tu visión: por qué es tan restrictiva la Ley de la Ciencia?

JC: El principio de autonomía universitaria está muy bien, pero en paralelo se requiere una visión global y unos principios aplicables a todo el sistema. Evidentemente, nadie está en contra de la propiedad intelectual, pero con lo que estamos todos de acuerdo son con principios generales, no con determinados matices. Hay confusión sobre la titularidad de derechos cuando abordan aspectos sobre ciencia abierta. 

Ello es especialmente preocupante porque la propiedad intelectual en España regula dos mundos contrapuestos: el mundo del entretenimiento que es Hollywood y similares, y el mundo del avance y la producción científica. Por defecto todo está prohibido, con un sistema de límites muy tasado. Sería muy conveniente integrar el sistema de fair use, donde la actividad ciudadana podría decir mucho.

IB: Con el artículo 37 de la Ley de la Ciencia, o con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ha habido gente que ha llegado a pensar que en España existe ya una legislación que otorga derechos de publicación secundaria a la comunidad científica y académica que produce resultados de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos para ponerlos por defecto a disposición pública a los mismos mediante depósito y acceso abierto en repositorios, ¿estás de acuerdo?

JC: Para nada. La legislación española de acceso abierto es un brindis al sol, con elementos totalmente contradictorios. Por no decir que el proceso legislativo genera documentos “frankenstein”, donde no existe un trabajo compartido y un consenso, sino aportaciones paralelas y prisas de última hora. La ley, como aparece al finalizar su redacción, carece de una calidad final, porque no ha habido una revisión final.

El artículo 37 de la Ley de la Ciencia es una buena declaración de intenciones, pero está lejos de favorecer la ciencia abierta: no hay sanciones, no hay regulación, se insiste sin necesidad alguna en el cumplimiento de la ley “sin perjuicio de los derechos que existen”, lo que indica básicamente una voluntad de apaciguar las presiones que se producen, una determinada visión de la propiedad intelectual.  

IB: Ante esta situación ¿qué podemos hacer en las bibliotecas?

JC: No hay muchas salidas, la situación viene marcada por una hegemonía global, pero si me permites, es llamativo que la desobediencia civil se está generando especialmente en bibliotecas académicas. 

CT: Recientemente se ha aprobado por decreto la creación de la Oficina Española de Propiedad Intelectual, pese a que en la legislatura anterior esta cuestión estaba en fase de proyecto de ley, es decir, sujeta al correspondiente trámite de debate parlamentario. FESABID se posicionó positivamente, con matices. ¿Qué opinión te merece?

JC: Mi opinión no es positiva. Posiblemente existan buenas intenciones tras la aprobación a ultranza de un nuevo órgano administrativo vinculado a la propiedad intelectual, pero temo que responda básicamente a algún favor por parte del Ministerio, al pago de algún favor. Veámos quien ocupa su dirección, y volvamos a hablar.  

IB: Gracias, Javier, por compartir tu conocimiento con el colectivo profesional de FESABID. 

 

Javier de la Cueva

El Dr. Javier de la Cueva es licenciado en Derecho, máster en Estudios Avanzados de Filosofía, y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como abogado, como docente y como investigador. Como abogado, está especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Imparte conferencias y escribe obras sobre su especialización. Es patrono de la Fundación Ciudadana Civio, del panel de evaluadores de proyectos de Open Science de la Asociación de Universidades Suizas y ha sido nombrado uno de los EOSC FAIR Champions.

 

Propiedad Intelectual FESABID

El Grupo de Propiedad Intelectual de FESABID tiene como objetivo principal contribuir a la defensa del derecho a la propiedad intelectual adaptado al rol de las bibliotecas, archivos y museos (GLAM). Para ello, impulsa acciones de divulgación relativas a la propiedad intelectual, para el colectivo profesional GLAM. El grupo de trabajo BPI aspira a ser un referente en defensa del equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a la cultura, a la educación y a la ciencia.

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